En esta columna extiendo, a manera de largos paréntesis o “entre guiones”, algo más sobre lo reflexionado la semana pasada en relación a los proyectos públicos, en el mismo orden de ideas.
Primero sobre la disgregación de (nosotros) los arquitectos en cuanto a gremio y la imperiosa necesidad –urgente- de una ley de proyecto público. Un cuestionamiento sobre la arbitraria asignación directa de la mayoría de los proyectos de gobierno –digamos-, y un anhelo de alguien que vigile dicha asignación con la robustez necesaria como para organizar concursos profesionalmente y de manera sostenida. Lo natural es pensar que ese alguien debiera ser un colegio de arquitectos, aunque se caiga rápido en la cuenta de que, para tener esa capacidad de responder profesional y sostenidamente, el citado colegio necesitaría recursos suficientes, y de allí la idea de que sólo con muchos agremiados (mínimamente contentos y comprometidos) podría aspirarse a ello, amén de otras formas de obtener recursos (“fundraising”) que con un gremio disgregado –y descontento- se antoja titánico.
Una ley de proyecto público, ¿quien la redactaría? vuelvo a la idea de algún colegio de arquitectos, o la Federación o alguno de los seminarios de la Academia Nacional de Arquitectura, quizás los que tratan temas sobre el Oficio de la Arquitectura…¿gratis? La ocurrencia me hace regresar inevitablemente a la idea de que la disgregación del gremio no ayuda tampoco y menos a quienes queremos avanzar en la cultura de los concursos de arquitectura en México. No se si alguna vez estuvimos “no disgremiados” (término del Arq. Toño Gallardo), en épocas gloriosas como las de la construcción de la Ciudad Universitaria quizás, pero también se sabe que la organización de un concurso se le podría encargar a cualquier otra persona, física o moral. “No pasa nada”.
Esta idea de ley de proyecto público empezaría por el tema de su asignación y de cómo regular los concursos de ideas de Arquitectura, Diseño o Urbanismo (matiz de escala en este caso). Aquí lo subrayable es que la democratización no es muy relevante si se le ve desde la perspectiva de “tener contentos a los arquitectos”. Se trata de que el Gobierno caiga en la cuenta –urgentemente- de que lo que se pone en juego es la posibilidad de obtener las mejores soluciones de diseño para determinados problemas de espacio (con igual o mayor economía). Esa es la ventaja de los concursos que por añadidura traerían mayor superación profesional y la consecuente elevación del nivel de nuestra arquitectura. No hay de otra. Ahora bien, el tránsito desde el concurso ganado hasta la contratación del proyecto se rige hoy por una Ley de Obra Pública que aplica equívoca y erráticamente para los proyectistas. He tenido la oportunidad de trabajar en distintos Estados de la República, y la experiencia de uno nada ha tenido que ver con la de los otros. Los términos de referencia para ser contratado denotan que la ley está diseñada para la ejecución de obras y no para trabajos de proyecto. Ni hablar de las fianzas que hay que pagar y de las estimaciones que hay e integrar para conseguir el honorario de nuestros servicios profesionales; por lo general hay que pagar para trabajar…pero es lo mismo: cada quien nos ingeniamos la manera de salir adelante al margen de nuestro gremio, y nos hemos podido adaptar…sin tener a quién acudir. “No pasa nada”, nuevamente.
El tema (sobre los proyectos públicos), en conclusión, es el repensamiento de la profesión, de la utilidad de los colegios de arquitectos para las ciudades, y el fortalecimiento de la arquitectura como la posibilidad de mejores Proyectos Públicos. La propuesta del involucramiento de los jóvenes en estos temas resulta tan imprescindible como la participación de las escuelas de arquitectura para fomentar una nueva cultura en ese sentido. ¿Cómo podríamos aspirar a un mejor futuro al absoluto margen de la profesión? Mejor procurar avanzar en un impulso integrador.
JVdM
