Recibí el resumen de los señalamientos que se derivaron de la mesa de trabajo “3-A” que atendió el tema “Reducción del rezago habitacional” coordinada por el Arq. José María Gutiérrez durante el debate de la Política Nacional de Vivienda 2013-2018 de la semana pasada; sumado a lo destilado en el resto de las mesas del debate, precisa en buena medida ese ingente “mucho por hacer”. Aún así –con sus mayores y valiosas precisiones- la pregunta sería nuevamente cómo harían para: Actuar y Apoyar Asentamientos Humanos Regulares e Irregulares, realizar Censo de Vivienda Deshabitada, Definir Mecanismos de Control de Plusvalía, Desarrollar Hábitats y no solo Viviendas, Crear una Corporación de Vivienda Pública, Comenzar con Planes Piloto y Difundir Resultados. A todas luces la pregunta indescifrable sería, cómo haríamos para componer…la ciudad. El documento incorpora algunas medidas que sería bueno hacer llegar a todas las escuelas de arquitectura, además del documento de la Política Nacional, claro.
Desde hace buen tiempo, hay que reconocer, la percepción de “la realidad” (escrita entre comillas cómo decía Jardiel Poncela) en cuanto a ciudad se distorsiona entre varias lentes: la de los gobernantes dependientes de su popularidad y de sus votos, la de arquitectos en un ámbito profesional escaso, los desarrolladores inmobiliarios –antagónica hasta las antípodas- , los académicos de aulas o de laboratorios, o la del ciudadano simple mortal, transeúnte peatón, ciclista o automovilista. Esta percepción distorsionada, no es más que la falta de comprensión -¿en qué fallamos?- de la nítida y “real” descomposición urbana. En el caso particular de las escuelas de arquitectura, resulta de mayor insensibilidad no acusar de recibida esta “realidad” y formar arquitectos ¿para donde?. Además de la lamentable falta de concursos y de la reincidencia sobre las opacas asignaciones de los proyectos públicos, la falta de participación de las universidades en los proyectos públicos y en las decisiones de ciudad es preocupante: omisión compartida autoridad-academia. El “estudio de caso” como sistema para generar concursos de arquitectura y obtener propuestas puntuales de calidad, y la investigación como herramienta que produce conocimiento útil no debería seguir subestimándose en las delegaciones, en los municipios, o en las autoridades que deciden sobre nuestro territorio y su habitabilidad. Es –también- un problema de vinculación.
Para las escuelas de arquitectura los proyectos de vinculación son particularmente valiosos toda vez que permiten formar a sus alumnos con oportunidades de trabajos reales –o especiales-, y desde una práctica profesional altamente formativa “a nivel de cancha”. Amén de la investigación aplicada que viene implícita en cualquier proyecto de la vida real, la vinculación con universidades es también una alternativa que las instituciones públicas implementan para legitimar proyectos que de otra suerte serían difíciles de obtener y gestionar (hoy por hoy estamos impulsando con vehemencia, día a día, la urgente necesidad de muchísimos más concursos públicos y abiertos de arquitectura).
Para las universidades los proyectos de vinculación también significarían la posibilidad de generar recursos adicionales –una especie de “fundracing” que, aunque sea otro tema, propicia escenarios “ganar-ganar” y no aprovecharlos es una omisión por igual. Imaginar ¿qué pasaría si cada delegado o cada munícipe decidieran hacer sólo un “estudio de caso” –un “plan piloto” al que aluden los señalamientos de arriba- o un concurso público particular para su demarcación en sus breves tres años de gobierno? Lo imagina el primero, lo lleva a cabo el segundo y lo ejecuta el tercero, ya implica un movimiento inicial de vinculación con las universidades –“se necesitan dos”- propicio para la anhelada y urgente cultura de los concursos públicos. El Colegio de Arquitectos ya está haciendo algo en este tema pero cuando menos habría que redoblar el esfuerzo, en principio desde las escuelas de arquitectura.
JVdM
